Sin aportar cifras ni estadísticas respecto a la inseguridad pública, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dijo que la política de “abrazos y no balazos” sí ha funcionado en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, desestimó las declaraciones del gobernador de Tamaulipas, Daniel Cabeza de Vaca, quien antier dijo que los actos de violencia desatados en la ciudad de Nuevo Laredo –asesinatos con descuartizamiento de personas, bloqueo de calles con autos robados a la ciudadanía y otros desmanes –deben ser tipificados como actos de narcoterrorismo. 

Sánchez Cordero fijó su posición sobre este tema y dijo que ningún acto de violencia perpetrada por el crimen organizado es terrorismo, por lo que no puede calificarse de esa forma: 

“Es una opinión de él (se refiere a Cabeza de Vaca)que vamos a respetar, desde luego nosotros estamos apoyando a los gobiernos de los estados, estamos apoyando a Tamaulipas y estamos también apoyando a nivel municipal, ahí en Nuevo Laredo, y en otros municipios. Yo no comparto esa idea, pero es su manera de pensar”. 

Según la funcionaria, la estrategia de seguridad de López Obrador está avanzando. Queremos decirles a todos los gobernadores que estamos con ellos y que vamos a apoyar también a los presidentes municipales. Yo siempre he dicho que las estrategias de seguridad son todo terreno y tenemos que ir a los municipios, ahí es donde tenemos que ir nosotros y también a los estados”. 

DE MAL EN PEOR 

La cifra de muertos contabilizada hasta este mes es de poco más de 30 mil. ¿Dónde está el éxito de la estrategia de seguridad? Todavía no se ve, no se palpa, no se refleja entre la gente. 

En muchos municipios del país donde las autoridades municipales están prácticamente paralizadas: los alcaldes no saben qué hacer con la violencia ni con la corrupción policiaca; tampoco pueden articular un programa de obra pública y menos organizar a la sociedad, colonia por colonia, para que se construyan frentes para atajar la violencia extrema que azota a los territorios. 

La Guardia Nacional, uno de los proyectos que se lanzaron para frenar la violencia, sigue sin dar resultados. Es ineficaz porque, en principio, son insuficientes sus elementos y, segundo, carecen de una estrategia contra el crimen. 

–¿Qué hacer ante este escenario que a todas luces confirma el Estado fallido? 

En realidad, la gente sólo mueve la cabeza y se sume en la impotencia. Este Estado fallido, que el presidente López Obrador no reconoce, está reflejado en todo el territorio nacional. 

En más del 80 por ciento de los municipios las instituciones sufren una suerte de atrofia, producto de la corrupción, que las paraliza y las convierte en entes inoperantes, incapaces de atender denuncias porque la corrupción o la amenaza del crimen se los impide. 

Hay fiscales que están atenazados por las redes del crimen, y este fenómeno convierte a las instituciones que procuran justicia en brazos u extensiones de grupos criminales: favorecen la impunidad y fomentan la corrupción. En estos casos, el cambio es bastante complicado porque esa corrupción es el estado óptimo de muchos funcionarios que se niegan a cambiar. 

Los alcaldes, impotentes porque carecen de herramientas para hacer frente al crimen, parecen estar de rodillas: sienten miedo y tienen razón: el crimen se ha infiltrado a los Ayuntamientos a través de regidores, síndicos y comandantes de policía. 

Es el resultado se no haber emprendido, con anticipación, la tarea de revisar los perfiles de los aspirantes a esos cargos. Y el peor escenario, sin duda, es que el crimen organizado –cualquier modalidad –ejerce una especie de gobierno paralelo y, en otros casos, gobierna municipios enteros. Casos específicos: Culiacán, Sinaloa; Nuevo Laredo, Tamaulipas. La lista es muy amplia porque abarca el 80 por ciento de las alcaldías. 

Es por ello que antier, después de los hechos de violencia ocurridos en Tamaulipas y Nuevo León, donde el cártel del Noreste y Zetas Vieja Guardia se enfrentaron por el control de la plaza, el gobernador Daniel Cabeza de Vaca alzó la voz y dijo que esos hechos violentos son actos de narcoterrorismo. 

Sus palabras causaron revuelo en la prensa nacional porque es la primera vez que un gobernador reconoce que el nivel de violencia que utilizan los cárteles ya rebasó los niveles de la delincuencia organizada y, por ende, a las autoridades. 

Y es que, como se ha escrito en este espacio, ante estos embates criminales las autoridades –incluidos los gobernadores –se paralizan. No saben qué hacer porque se debe reconocer que no existe una estrategia para ello. Nadie está preparado para lanzar a la policía a enfrentar a criminales porque en algunos casos se carece de estrategia y recursos, en tanto que en otros más la capacidad de respuesta del Estado es nula. La razón: sus instituciones están atenazadas por las mafias. 

Hay municipios del país como Coatzacoalcos –zona sur de Veracruz –Ecatepec, en el estado de México, donde esta violencia imparable ha causado que cientos de familias se hayan desplazado del territorio porque ya no pueden vivir en medio de balazos y muertos y porque, además, tampoco pueden continuar con sus negocios debido a la ola de extorsiones. 

Han preferido cerrar sus tiendas, restaurantes, bares y supermercados simplemente porque se agotó la paciencia, porque las ganancias las toma el crimen y, peor aún, ninguna autoridad responde para frenar este problema que ya alcanzó desde hace muchos años niveles de anarquía. 

Es por ello que se le exige al presidente de la República un replanteamiento de su estrategia. La razón es evidente: la falta de resultados. La evidencia: los más de 30 mil muertos que ya se suman en su primer año de gobierno. 

Lacerante realidad, pero realidad al fin

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, sigue envuelto en líos y no sólo eso: su familia, particularmente su madre, hermana y esposa, enfrentan acusaciones graves a nivel federal que las vincula con los sobornos que repartió la empresa Odebrecht a cambio de contratos millonarios. 

Con el propósito de combatir la corrupción y prevenir delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita, el Gobierno de Quintana Roo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General del Estado firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información.

Con estas modificaciones, las instancias de procuración de justicia y financieras coadyuvarán en la prevención y el combate contra la corrupción.

El documento lo firmaron Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, el gobernador Carlos Joaquín; Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y Óscar Montes de Oca, fiscal general del Estado.

Al respecto, el gobernador de Quintana Roo dijo que el gobierno estatal asume el firme compromiso de garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Fiscalía General para coadyuvar firmemente en la prevención y el combate contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Juntos avanzamos en este paso importante para trabajar en conjunto con la Unidad de Inteligencia y tener datos uniformados y sistematizados sobre catastro, vehículos, registro público de la propiedad, sistemas notariales, comercio y prediales, lo que permitirá información de carácter fiscal financiera y pública que genere elementos para poder desarrollar políticas públicas en materia de combate contra la corrupción”.

La titular de la SEFIPLAN explicó que el convenio tiene como fin afianzar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado como una instancia neutral, técnica y especializada para establecer responsabilidades de tipo penal, resarcitorio o administrativo, y fortalecer las acciones en materia de fiscalización.

A su vez, el fiscal general del Estado Óscar Montes de Oca afirmó que en el acuerdo se establecen intercambios de información, apoyo y colaboración en materia de fiscalización y verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como acceso a bases de datos del Gobierno del Estado.

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