Lozoya, instrumento político.

Enrique Peña Nieto detrás de Lozoya Enrique Peña Nieto detrás de Lozoya

Como en los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza a la Fiscalía General de la República (FGR) –cuya autonomía pregona– y al testigo “convenido” Emilio Lozoya para montar una estrategia política y mediática de cara a las elecciones del 2021. El escándalo, todos los días atizado desde el púlpito presidencial, también sirve a la 4T para tender una espesa neblina frente a la escandalosa caída del empleo, la imparable pandemia de la COVID-19 y la violencia del crimen organizado, donde el gobierno federal ha fracasado hasta ahora. Más allá de lo que Lozoya declare sobre la corrupción, lo cierto es que el expresidente Enrique Peña Nieto puede estar muy tranquilo: su mejor defensor es López Obrador, quien ha dicho que no enjuiciará a los exmandatarios “si no lo pide la gente mediante una consulta”. En resumen, eso nunca ocurrirá porque las consultas ciudadanas son otro instrumento del mandatario para jugar a la democracia.  

 

El retorno de Emilio Lozoya encierra una trama, cuyas partes medulares empiezan a conocerse debido a las filtraciones informativas del gobierno: se trata de que el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) desenrede la madeja de corrupción tejida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en particular, los sobornos entregados por Odebrecht, el financiamiento de la campaña del PRI en 2012, los contratos amañados que se operaron en la paraestatal, el huachicol, el fructífero negocio de los altos mandos de la empresa gubernamental que era operado desde Los Pinos.

Ahora, ¿para qué negoció la Fiscalía General de la República (FGR) con Emilio Lozoya? Todo el mundo supuso que para conocer el intríngulis de este entramado de corrupción y castigar a los responsables. Sin embargo, se trata de utilizar a Lozoya –y todo lo que sabe sobre el saqueo del país– como instrumento de una campaña mediática de la Cuarta Transformación y cuyo objetivo es ondear la bandera del combate a la corrupción, sacarle raja política al tema y, así, construir una inmensa cortina de humo.

Se trata de que haya una espesa neblina frente a los problemas torales: la quiebra financiera del país, la bancarrota de las empresas, el escandaloso desempleo, por todos lados preocupante, y la imparable violencia del narcotráfico, temas en los que el gobierno de López Obrador ha fracasado absolutamente.

El caso Lozoya tiene mucha cuerda. De aquí hasta mediados del año entrante, por lo menos, habrá mucha tela por donde cortar para mantener una campaña política con un asunto legal, en la que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se presta como instrumento del presidente, tal y como ha ocurrido en los gobiernos del PRI y del PAN, tan criticados por López Obrador. Él mismo es una copia de lo que critica.

Los objetivos políticos de la Cuarta Trasformación son muy claros:

–Amortiguar el impacto de la violencia de alto voltaje perpetrada por el crimen organizado, para lo que no existe una política clara. El gobierno está avasallado por la violencia criminal y el Presidente sigue enfrascado en dar abrazos a los delincuentes. Se niega, como un burro rebelde frente a su jinete, a utilizar las facultades que le confiere la ley.

–Los estragos de la COVID-19, en gran medida recrudecidos por el manejo irresponsable del gobierno, cuyas cifras ya superan los 40 mil muertos. Las cifras y decesos aumentan y aquí hay dos responsables: el mal manejo oficial y la irresponsabilidad social: la gente no toma consciencia de que el coronavirus es mortal y hasta los miembros de la clase pudiente exhiben sus carencias educativas, aunque se sienten europeos, al no utilizar las medidas de rigor ante la pandemia. No aprenden estos ignorantes ataviados con trajes Hugo Boss.

–El derrumbe económico del país, lo que ha derivado en una de las crisis económicas más severas desde aquel amargo 1994, cuando Carlos Salinas entregó un país maquillado como de primer mundo y, en realidad, iba en caída libre. Ahora la COVID-19 ha contribuido al derrumbe económico en todo el mundo, más en algunos países que en otros, pero pocos han escapado a la ruina del desempleo. En Europa, la Unión Europea fondeó millones de euros para impedir una crisis mayor con repercusiones sociales. En México, al Presidente no le importa la debacle: le importa el poder, mucho poder, todo el poder, a grado tal que desde Palacio Nacional ya está de nuevo en campaña; rumbo al 2021.

 

El regreso de Lozoya  cayó como “anillo al dedo”, como dijo el presidente al referirse a la pandemia, pues el exfuncionario federal, convertido en un instrumento, en un ariete gubernamental, confesará lo que sabe sobre la corrupción pero está muy claro que López Obrador no permitirá que la FGR –que no parece autónoma– integre una carpeta en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, pues también es muy evidente que entre el presidente y Peña Nieto existe un pacto de impunidad, regla de oro en el sistema político que el mandatario conoce muy bien porque fue y es un hombre del sistema. La Cuarta Transformación, emprendida por el actual gobierno, es una continuidad maquillada del pasado, plegada a los intereses de Estados Unidos.

Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar de la FGR. Tan pronto arribó a Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el Hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud. Y desde su habitación rindió su primera declaración, el martes 28, en la que se declaró inocente del fraude causado a Petróleos Mexicanos por la compra de la empresa Agro Nitrogenados, por la que la paraestatal pagó casi 700 millones de dólares.

No sólo eso: dijo también que fue presionado y objeto de intimidación, aunque no precisó de quién o quiénes. Se entiende que de sus jefes inmediatos, el entonces Presidente Enrique Peña y Luis Videgaray, quien fungía como Secretario de Hacienda.

Nunca antes el Ministerio Público Federal había dispensado trato tan especial a un testigo colaborador, ni siquiera en los tiempos en que se utilizó la figura del testigo protegido, aquel instrumento que fue operado perversamente por el poder político para denostar y encarcelar a los enemigos.

Y es que muchos testigos del crimen organizado fueron abandonados a su suerte después que declararon lo que sabían. Algunos casos ilustran lo anterior:

–Tomás Colsa McGregor, el joyero del narco, pieza del Cártel de Juárez, fue asesinado al bajar de un autobús del transporte público. Había confesado muchos secretos sobre Amado Carrillo y su red de protección. Dispuso de una escolta cuando fue útil a la extinta Procuraduría General de la República, pero después le retiraron la seguridad y fue abatido por sus enemigos.

–La misma suerte corrió Jaime Olvera Olvera, otro miembro del Cártel de Juárez, quien incluso incriminó a Liébano Sáenz cuando fungía como secretario particular de Ernesto Zedillo, al señalarlo como un hombre clave en las negociaciones entre el Cártel de Juárez y el gobierno para dejar de perseguir a Amado Carrillo. El señalamiento fue descalificado por la PGR al declarar al testigo enfermo de sus facultades mentales y proclive a la mitomanía. La locura, sin embargo, se hizo valer sólo en este caso porque, extrañamente, el resto de sus declaraciones fueron consideradas válidas.

–La muerte más reciente de un testigo protegido ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón: se trató de Edgar Bayardo del Villar, cómplice de Genaro García Luna en la protección al Cártel de Sinaloa. Este personaje fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Conocía como nadie a Ismael “El Mayo” Zambada porque era su protector y operador en el tráfico de drogas que se realizaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fue detenido por esos nexos y se acogió al programa de testigos protegidos. Cuando decidió confesar lo que sabía sobre Zambada, la PGR le asignó una escolta, luego le fue retirada. Abandonado a su suerte, un día acudió al café Starbucks de la Colonia Del Valle. Cuando degustaba su espresso fue ejecutado por hombres armados.

Otros testigos que tuvieron tratos especiales –que terminó en corrupción– se dieron en tiempos de Ernesto Zedillo, quien encarceló a Raúl Salinas de Gortari por el asesinato del entonces diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha.

En ese tiempo, la PGR encabezada por Antonio Lozano Gracia contrató los servicios de una vidente –Francisca Zedina, “La Paca”– para que colaborara con la PGR en la búsqueda y localización de Muñoz Rocha. El fiscal del caso era Pablo Chapa Bezanilla, quien terminó enredado en esa madeja de corrupción y mentiras a tal grado que tuvo que huir a España, de donde fue extraditado. Luego se descubrió que utilizó los sistemas de inteligencia de la PGR para espiar a personas de su círculo íntimo.

“La Paca” procedió a exhumar unos restos humanos del panteón de Tláhuac y los inhumaron en la finca “El Encanto”, propiedad de Raúl Salinas; luego le dijo a Chapa Bezanilla que, según le habían informado los espíritus, el cuerpo de Muñoz Rocha estaba enterrado en ese rancho. Se realizó la búsqueda del cadáver y, en efecto, fueron sacados unos restos humanos que, en realidad, se trataba de una pedacería humana que nunca arrojó ninguna conclusión: aquello fue todo un montaje que sirvió para que “La Paca” y su cómplice Ramiro Aguilar Lucero cobraran más de un millón de pesos que, supuestamente, terminaron en manos de los funcionarios de la PGR.

En este asunto, el entonces procurador Lozano Gracia y su sucesor Jorge Madrazo Cuéllar fueron criticados duramente porque, a fin de incriminar a Raúl Salinas por el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, le pagaron dos millones de pesos a Fernando Rodríguez González, secretario particular de Muñoz Rocha, para que incriminara a Raúl Salinas por el asesinato de su cuñado.

La defensa del hermano del expresidente declaró que la PGR pagó por el testimonio incriminatorio; los fiscales del caso dijeron que al testigo sólo se le estimuló para que dijera la verdad. Toda esta maraña quedó como una historia de corrupción, mentiras y excesos que evidenciaron los perversos alcances de la PGR en el manejo de los llamados testigos protegidos o convenidos.

La situación de Lozoya rememora aquellos casos escandalosos. Al exdirector de PEMEX se le protege porque temen que lo maten por lo que sabe y puede declarar. Es un juego de intereses: la FGR obtendrá los testimonios incriminatorios contra Videgaray, Peña Nieto y otros. A cambio, Lozoya resultará beneficiado al quitarle dos delitos graves –lavado de dinero y delincuencia organizada– dejándole sólo el de cohecho; y así evitará pisar la cárcel. En resumen, Lozoya fue llevado a México para liberarlo.

A todas luces, este caso se trata de una negociación. De ser un tránsfuga, Lozoya le aportará a la Cuarta Transformación la información que requiere, ya sea para enderezar las carpetas contra Peña Nieto y otros cómplices –lo que se duda– o bien para robustecer la campaña mediática que prepara de cara a las elecciones intermedias del 2021.

El combate a la corrupción le importa muy poco a AMLO. Es una bandera política, pues como ningún otro presidente en la historia se ha erigido como principal defensor de Peña Nieto. Antes, al menos, se guardaban las formas. Ahora se impone el descaro sin rubor.

Recientemente, el Presidente López Obrador alzó la voz por la difusión que se le dio, en casi todos los medios, a los videos donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación exhibe su poderío bélico. Dijo que le sorprendía la enorme difusión de esas imágenes –un exceso–, pero no utiliza el mismo criterio si se trata de su testigo convenido, Emilio Lozoya, a quien se refiere como un personaje al que se le debe cuidar porque –asegura– ya está hablando y acusando a políticos corruptos. Eso sí hay que difundirlo y sin medida, porque es lo que conviene a sus intereses; incluso, ha pedido públicamente que la gente siga la audiencia virtual en la que Lozoya comparece ante el juez de la causa. Así de clara es la incongruencia del mandatario: se molesta por lo que no le gusta y él mismo atiza, desde su púlpito, lo que va acorde con sus conveniencias personales y políticas.

Así de claro el doble discurso de AMLO. 

                  

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Ricardo Ravelo

Ricardo Ravelo es periodista desde hace 32 años. Fue reportero del semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca y los temas relacionados con el crimen organizado. Es autor de diez libros en los que aborda el explosivo flagelo del narcotráfico.

Entre otros títulos, ha publicado Herencia Maldita (Grijalbo 2006); Narcomex (Debate 2012); Osiel: Vida y tragedia de un capo (Grijalbo 2009); En Manos del Narco (Ediciones B 2017); Los Zetas, La Franquicia Criminal (Ediciones B 2014); Ejecuciones de periodistas: Los Expedientes (Grijalbo 2017) y Los Incómodos I y II (Planeta 2018). Ha sido conferencista en España, Brasil, Perú y Estados Unidos.

Actualmente es director editorial del portal de noticias Contactopolítico.com y columnista del diario electrónico SinEmbargo.com.mx

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